LOS OCHO PUNTOS CLAVE QUE TIENEN EN JAQUE A LA SALUD PÚBLICA EN CHILE 2010

18 Enero 2011 , Escrito por Maiqui Flores Etiquetado en #Investigacion Servicios Salud

Estrategia

En el año 2010 el 44% de las atenciones de beneficiarios de Fonasa se atienden en el sector privado, siendo los hospitales públicos los que captan la mayor proporción de los recursos destinados a salud, un 60% contra un 40%, reflejo de que persisten falencias en la atención hospitalaria. Es clave resolver ocho problemas que aquejan a los hospitales estatales, para que también se puedan implementar las restantes proposiciones sugeridas por la comisión asesora de salud al Presidente. En estos puntos trabaja la comisión interministerial.

1. ¿Dónde Está el Director? Los hospitales y servicios públicos de salud tienen el mayor número de concursos declarados vacantes por la Alta Dirección Pública. En 2010 se registró un 50% de estos cargos como disponibles, señala el presidente del Colegio Médico, Pablo Rodríguez. Ello porque las condiciones impuestas a los postulantes le han restado atractivo por las remuneraciones bajas, falta de incentivos y la exigencia de exclusividad. Lo anterior ha obligado a modificar la ley respecto al "concepto de dedicación exclusiva", para permitir que los médicos (principales postulantes) puedan ejercer liberalmente la medicina o la docencia, indica el director del Instituto Salud y Futuro, Héctor Sánchez. Por otra parte, tradicionalmente han sido nombrados en estos cargos autoridades con sesgo político, cuando debiesen ser nominaciones 100% técnicas, agrega Rodríguez.

2. Presupuesto. Los recursos asignados a los hospitales no se relacionan con el volumen de beneficiarios, lo que origina los déficit presupuestarios que se expresan en deuda. Este año el presupuesto teórico asignado fue cercano a los US$8.000 millones, con un incremento del 12,5% respecto al año anterior. Según el director de la Asociación de Isapres, Rafael Caviedes, es necesario modificar el marco jurídico que regula los hospitales públicos, de tal manera que tengan flexibilidad en la administración de los recursos y puedan operar con mayor eficiencia, siguiendo el modelo de Enami y Codelco, por ejemplo. Sólo el cambio del régimen de contratación de personal, pasando del actual código con inmovilismo utilizado en el sistema de salud público, al del Código del Trabajo, generaría un aumento de la productividad y la gestión, destacó el presidente de Empresas Masvida, Claudio Santander. Por otro lado, el mal estado de la infraestructura y equipamiento de los hospitales define en gran medida el costo de las operaciones, agregó.

3. Listas de Espera. La falta de oferta ha aumentado por el Plan AUGE, que tensionó la demanda y sobrepasó la capacidad de respuesta del sistema hospitalario público. De acuerdo al último informe de Fonasa, a enero existen 113.566 garantías AUGE retrasadas, siendo los servicios de salud del Libertador Bernardo O'Higgins, Coquimbo, Viña del Mar-Quillota y Metropolitano del Sur, los que concentran la mayor cantidad. Respecto a las listas No AUGE, hay unos 40 mil chilenos esperando someterse a una cirugía hace un año o más. Otros 10 mil están en lista de espera hace menos de 12 meses.

4. Deuda con Proveedores. El 2010 cerró con una deuda cercana a los $45.000 millones, lo que significó una importante disminución del compromiso que en junio había alcanzado a los $120.000 millones. Para este año se plantearon dos objetivos: primero, que la deuda hospitalaria en los distintos servicios de salud y sus establecimientos no aumente si no es a través de una autorización del subsecretario de Redes Asistenciales; y en segundo orden, la deuda de cada recinto hospitalario no pude ser superior a 45 días del presupuesto, vale decir, que el endeudamiento no debe sobrepasar el presupuesto asignado para un mes y los 15 días siguientes a éste.

5. Déficit de Especialistas. De acuerdo a un estudio del Banco Central y el Ministerio de Salud, en los hospitales públicos faltan al menos 1.600 especialistas, indicó Rodríguez. Las especialidades con déficit son oftalmología, cardiología, anestesistas, traumatología, neurología y siquiatría, agregó Sánchez. Lo anterior se debe a que no hay una política nacional de formación de especialistas que dé cuenta de las necesidades de la población, lo que genera mala asignación en cuanto a número de médicos y distribución regional. El déficit además tiene relación con el bajo nivel relativo de remuneraciones y la falta de incentivos al compararse con el sistema privado. Según Sánchez, si el modelo de atención cambiara a uno que funcione en base a complejidad creciente, con una clara puerta de entrada, en que el especialista atienda en los niveles de mayor complejidad tras una derivación, se resolvería en gran medida la falta de especialistas. Por otro lado "el no haber sido eficientes en el ámbito de las políticas públicas para proteger la salud y prevenir las enfermedades crónicas genera una demanda que crece a mayor velocidad que la que el país es capaz de absorber", agregó. Frente a esto, la comisión plantea que el Ministerio de Salud debiera financiar la formación de un mayor número de especialistas. Además, se deben definir incentivos para las especialidades en falencia y los cupos de formación deben estar regulados según requerimientos nacionales.

6. Subutilización de Infraestructura. Debido a la falta de especialistas en las jornadas de la tarde en los hospitales, la infraestructura y todos los recursos del hospital son subutilizados. La inflexibilidad de los modelos de contratación potencian esta situación. Según el presidente del Colegio Médico hay que avanzar en un sistema de flexibilidad horaria que permita a los médicos -que tienen jornadas laborales con una cantidad de horas comprometidas- concurrir a los hospitales en las tardes, cuando la infraestructura está desocupada.

7. Exceso de Demanda en Urgencias. Según el Colegio Médico faltan al menos 300 cargos de urgencia para poder cubrir el exceso de demanda existente en todos los servicios de urgencia del país. La sobredemanda se concentra principalmente en servicios de urgencia capitalinos, la II y V regiones. Asimismo, en la zona afectada por el terremoto (VI, VII y VIII regiones) y en la mayoría de hospitales tipo 1 y 2 de mayor complejidad, señaló Sánchez. Lo anterior es un efecto colateral de las listas de espera, ya que gran parte de la demanda de estos servicios no corresponde a problemas urgentes, lo que se ve agravado por la falta de capacidad de resolución de la atención primaria. Por otra parte, los incentivos juegan un rol importante en la sobredemanda, ya que en el caso del sector privado, el uso de los servicios de urgencia está moderado por el pago, pues los planes de salud previsionales obligan a copagos altos en este tipo de atención. En el caso del sector público el servicio es gratuito.

8. Déficit de Inversiones. Se estima que se requieren unos US$7.000 millones para cubrir el déficit en infraestructura de salud pública, antes del terremoto el monto calculado era de US$4.500 millones. El déficit está en reposición y reemplazo de infraestructura, equipamiento y nuevos hospitales que se debe hacer para satisfacer la demanda que se ha visto incrementada por el AUGE. El año que el sector público más ha invertido en forma directa llegó a US$300 millones, si este monto se duplicara (lo que es técnica y administrativamente imposible) se necesitarían más de 10 años para cerrar la brecha de inversión. "Es necesario ver el sector privado como aliado, pero utilizando modelos de asociación y de compra inteligente que permita al sector público comprar en forma mas eficiente" concluyó. Para ello, la comisión propone profundizar el modelo de salud familiar, reestudiar el financiamiento per cápita, reconsiderar el marco institucional de la atención primaria, que la atención primaria sea complementaria con los hospitales (en red) y no dependiente de éstos, y generar mayor financiamiento para robustecer la infraestructura. Respecto al último punto, la comisión plantea que recurrir a las concesiones como solución estrictamente inmobiliaria o financiera resulta absolutamente insuficiente si no lleva consigo un importante mejoramiento de la gestión. Por ello la comisión -exceptuando al Colegio Médico- plantea generar modelos de concesiones que incluyan la gestión de redes asistenciales, incluyendo atención primaria. De esta manera, el Estado compra "soluciones" de salud para una población mediante un pago per cápita, con incentivos y castigos al concesionario en función de su desempeño. Asimismo, considera necesario generar infraestructura socio-sanitaria de baja complejidad, que permita reservar las camas hospitalarias para pacientes agudos.

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