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EL PLAN NACIONAL DE SALUD Y LA HISTORIA DE LA SALUD PÚBLICA VENEZOLANA (MPPS 2008)
Importancia de la historia de la salud pública venezolana
La élite dirigente del país, en el marco del “Pacto de Punto Fijo”, que gobernó durante los últimos 40 años del pasado siglo, se propuso reescribir la historia de Venezuela destacando aquellos hechos favorables al esquema de dominación y silenciando al máximo todo acontecimiento opuesto a sus intereses clasistas y antinacionales. En el campo de la Salud Pública, al obviar la importante y valiosa obra historiográfica que da cuenta de los períodos estelares de nuestra historia sanitaria, se ha pretendido apartar a los profesionales y técnicos de la salud venezolana de un legado de abnegación, amor y solidaridad para emparentarlos con un modelo perverso que auspicia el mercantilismo médico y la privatización de los servicios de salud.
A los fines de comenzar a contrarrestar esta operación de desmemoria histórica, el Plan Nacional de Salud, a la par de establecer las metas estratégicas en materia de salud pública y demostrar con cifras el fracaso de la IV República y los éxitos alcanzados por la Revolución Bolivariana; se propone reivindicar lo mejor de la historia de la salud pública venezolana, señalando, a grandes rasgos, los hechos concretos de sus momentos admirables, la labor abnegada y heroica de sobresalientes médicos y científicos venezolanos y la acción desplegada por aquellos gobernantes que en su momento impulsaron políticas de salud en beneficio de las mayorías excluidas de la nación y constituyen antecedentes y experiencias acumuladas por nuestro pueblo, sobre los cuales se construye hoy el Sistema Público Nacional de Salud.
Se trata de iniciar la apertura de un espacio que permita a la Revolución Bolivariana ir al encuentro de acontecimientos y experiencias que en determinadas épocas de nuestra historia situaron a Venezuela en la vanguardia de la salud pública continental. Las luchas y esfuerzos por lograr una salud y vida dignas y con calidad, como política de Estado, nacieron con el proceso independentista y el ideario del Libertador sobre la salubridad pública. Han transitado un largo proceso de avances y derrotas por casi 200 años, y hoy, en el marco del proceso Bolivariano ponen en las manos del pueblo la oportunidad de consolidar los avances logrados y alcanzar niveles superiores de salud, vida y felicidad, mediante la construcción de una nueva institucionalidad en salud y nuevas formas de gestión intersectorial, que se articulan con la construcción del Poder Popular y la transición al Socialismo.
La Salud Pública venezolana se ha desarrollado históricamente sobre tres ejes de conflicto: a) La salud como derecho universal versus la salud como beneficencia y asistencialismo; b) La atención de la salud como bien público y responsabilidad del Estado versus la atención de salud como bien privado y responsabilidad individual según las capacidades; y c) La Salud Pública integral (promoción, prevención y recuperación de la salud) versus las concepciones reduccionistas de la Salud Pública restringida a la prevención y control de algunos de los problemas sanitarios que relegan la recuperación a lo privado.
Los avances y retrocesos en estos tres ejes han determinado las políticas públicas predominantes sobre salud y calidad de vida en diferentes momentos de nuestra historia republicana, han marcado su carácter de clase y la han conectado con los procesos económicos y políticos que los han caracterizado.
La naciente salubridad pública en el siglo XIX y comienzos del siglo XX
El 25 de junio de 1827 el Libertador Simón Bolívar, en su condición de Presidente de la Gran Colombia emite el decreto de creación de la Facultad de Medicina de la Universidad Central de Venezuela. Además de otorgarle el carácter de tribunal para los asuntos profesionales y de cuerpo director de los estudios médicos universitarios, el citado decreto le confiere a la Facultad de Medicina atribuciones específicas relativas a la salubridad pública.
El Libertador se proponía así, al mismo tiempo que derogaba las constituciones coloniales de la universidad, articular la cátedra y al egresado de la carrera médica con la acción del naciente Estado Republicano en materia de salud pública, probablemente inspirado por las reformas de los hospitales y el florecimiento de la salubridad pública que acontecían en Europa, con posterioridad a la Revolución Francesa, que transformaron la concepción de los hospitales de instituciones para albergue y atención de menesterosos en centros de desarrollo científico de la medicina que impulsaron la clínica y otras disciplinas de la salud, y pusieron de relieve la salubridad pública como responsabilidad del Estado. El encargado de realizar esta misión fue el doctor José María Vargas.
La separación de Venezuela de la Gran Colombia y el predominio de sectores conservadores, negadores de los derechos conquistados durante el proceso independentista, sumió al país en una gran inestabilidad política, y los avances en materia de salubridad pública fueron limitados. Hasta 1888 solo existían en Caracas 1 hospital militar, 2 pequeños hospitales privados y 6 albergues de beneficencia para pobres de solemnidad, retrotrayendo así las viejas concepciones típicas de las Leyes de Indias del período colonial.
Correspondió al Presidente Juan Pablo Rojas Paúl (1888–1890) retomar el desarrollo de la salubridad pública. La creación del Hospital Vargas de Caracas (Decreto Presidencial del 16 de agosto 1888) no es un hecho aislado. Fue parte de un esfuerzo de desarrollo integral de la capacidad pública para la atención de la salud, coherente con los desarrollos científico-técnicos de la época en Europa, en lo que los historiadores han reconocido como “el período de renacimiento de la medicina venezolana”. A decir de otros, se trataba de superar “todas las viejas concepciones de la asistencia de enfermos, iniciadas con las antiguas Leyes de Indias (…) para darle al Estado, la más efectiva preocupación por la asistencia médica”. Una pléyade de jóvenes fueron formados en Europa, por iniciativa gubernamental, entre ellos Luis Razetti y José Gregorio Hernández, Pablo Acosta Ortiz, Elías Rodríguez, Elías Toro, Santos Aníbal Domínici, Emilio Conde Flores, quienes transformaron la enseñanza de la medicina, la atención médica y reintrodujeron la salubridad pública como responsabilidad del Estado.
Estas políticas fueron posteriormente retomadas y reimpulsadas por el gobierno nacionalista y antiimperialista de Cipriano Castro (1899-1908). El 24 de octubre de 1899, en el acto de transferencia del poder efectuado en el Capitolio, acompaña al Presidente Cipriano Castro el ex-presidente Juan Pablo Rojas Paúl, iniciándose a partir de aquel momento una alianza política que lleva a Rojas Paúl a desempeñarse como representante del Distrito Federal en la Asamblea Constituyente del año 1900 y a pronunciar el discurso de respuesta al Presidente Castro en la ocasión de defender la legitimidad del gobierno del líder de la Revolución Restauradora. En 1903 es Presidente de la Comisión de Política Exterior del Congreso y, al morir, en 1905, su sepelio fue presidido por el Poder Ejecutivo Nacional.
Además de recibir el apoyo del Presidente que había impulsado el proceso modernizador de la Medicina en el bienio 1888-1890, Cipriano Castro contó con el respaldo de aquel grupo de jóvenes médicos especializados en Europa que trabajaron para transformar la medicina y colocarla al servicio del pueblo. Efectivamente, quienes en 1893 habían creado la Sociedad de Médicos de Caracas para volcarla a la solución de los problemas médicos sanitarios de la capital y entre 1895 y 1897 instalaran el Instituto de Investigación Luís Pasteur, fundaran la cátedra de clínica médica y obstétrica y realizaran más de 200 operaciones de alta cirugía en el Hospital Vargas; suscribieron un documento de apoyo a Cipriano Castro, que destaca la investigadora Dora Dávila, indicando que: “la joven generación de intelectuales formada en las aulas universitarias de Adolfo Ernst y Rafael Villavicencio, dentro de los cuales se destacaban Luís Razetti, Pablo Acosta Ortiz, Elías Rodríguez, Elías Toro, Santos Aníbal Domínici, Emilio Conde Flores, dirigieron a Castro un manifiesto acogiendo su consigna de NUEVOS HOMBRES, NUEVOS IDEALES, NUEVOS PROCEDIMIENTOS”.
Respondiendo a un pedimento de este grupo de médicos, el gobierno de Cipriano Castro creó en 1899 la Dirección de Higiene y Estadística Demográfica, la cual estableció: “el aseo urbano como servicio público, la inspección constante de alimentos, carne y leche y la vigilancia a mercados y mataderos, envíos de muestras de alimentos al laboratorio de bacteriología del Hospital Vargas y publicación en la Gaceta Médica de Caracas de los datos mensuales referentes a la morbilidad en la ciudad de Caracas” . En el año de 1902 es nombrado Director del Laboratorio de Bacteriología del Hospital Vargas, Rafael Rangel, quién: “gozó del apoyo político y financiero del General Cipriano Castro. Le tocó vivir una época oportuna, en pleno auge de la microbiología mundial, en un país casi virgen de investigación, donde la demanda de sus investigaciones sobre enfermedades tropicales le otorgó sitial de privilegio. Como resultado del apoyo que recibió, su laboratorio de bacteriología fue modelo para la época, con presupuesto bastante adecuado y los mejores aparatos disponibles para el momento”.
Derrota y renacimiento de la Salud Pública
Con el advenimiento de la exploración y explotación petrolera emerge la dictadura de Juan Vicente Gómez y este florecimiento fue truncado. Durante el régimen gomecista, apoyado por los gobiernos imperialistas de los Estados Unidos, la salubridad pública “se detuvo, lo mismo que la marcha general del país (…) y la situación, en suma, retrocedió en muchos aspectos a la etapa medieval”. En esta época solo se desarrollaron aquellas intervenciones sanitarias que favorecían la exploración y explotación petrolera, mediante saneamiento de algunos territorios y el control de algunas enfermedades transmisibles. Aquella fue una etapa de cesión total de nuestra soberanía en materia de salud pública, a tal punto que “entre 1926 y 1927, el Ingeniero Jefe de la Misión de Ingeniería Sanitaria de la Fundación Rockefeller en Venezuela, Thorndike Saville, fue designado Jefe del Servicio de Ingeniería Sanitaria de Venezuela”.
Con la muerte de Gómez, bajo las presidencias de los Generales Eleazar López Contreras e Isaías Medina Angarita, se retoma el compromiso del Estado y se da inicio al desarrollo institucional de la salubridad pública, con la creación del Ministerio de Sanidad y Asistencia Social (MSAS). El Ministro Enrique Tejera establece tres grandes prioridades, control de la malaria, de la tuberculosis y la mortalidad infantil. En 1936, como una conquista del movimiento obrero, se aprueba la Ley del trabajo, en cuyo articulado se establece la creación del Seguro Social Obligatorio. En 1946 se creó la División de Hospitales (posteriormente Instituto Nacional de Hospitales) y se retoma el compromiso de desarrollar una red pública hospitalaria. En la constitución de 1947 se consagra por primera vez el derecho a la salud y la responsabilidad del estado como mandato constitucional.
No fueron procesos lineales, sin contradicciones. Con la adscripción del Instituto Venezolano de Seguros Sociales (creado en 1946) al Ministerio del Trabajo, y del Instituto de Previsión y Asistencia Social del Ministerio de Educación IPASME (1949) se contradijo la doctrina integralista preconizada en el MSAS y se sembró la semilla para el desarrollo de servicios públicos de salud selectivos y al margen del sistema público de vocación universal. Sin embargo, hasta los años 60, hubo un claro predominio de las concepciones integralistas y de derecho universal en las políticas de salud.
El largo período de predominio de la Salud Pública como derecho y responsabilidad estatal, iniciado en 1936, cerrado en los años 60, se tradujo en el desarrollo de una eficiente red de servicios de salud, control de endemias rurales, ampliación de cobertura sobre todo rural, formación de talento humano clínico y de salud pública, el desarrollo de una comunidad científica en salud. Se aplicaron ideas innovadoras, con metas sociales desafiantes, conducidas por importantes líderes que combinaban un alto nivel científico técnico y vocación de servicio público, entre los cuales se destacaron Enrique Tejera, Edmundo Fernández, Arnoldo Gabaldón, José Ignacio Baldó, Jacinto Convit, Pastor Oropeza, y muchos otros. Estas concepciones predominaron en los hechos hasta que a partir de la Constitución de 1961 se inició su desplazamiento y liquidación, en el marco del “Pacto de Punto Fijo”.
El impacto sanitario positivo de este período puede ser ilustrado al constatar que la esperanza de vida al nacer se elevó entre 1950 y 1962, de 58,8 a 66,4 años, un promedio superior a 7 meses por año. De igual manera, la tasa de mortalidad infantil, que para el año 1950 era de 78,8, para el año 1962 fue de 48,2 por mil nacidos vivos, una reducción de 2,6 puntos por cada año.
Para 1960 ya el 67,4% de la población era urbana, se había logrado reducir considerablemente los territorios maláricos y de otras endemias rurales, se habían desarrollado eficientes programas nacionales contra la tuberculosis, la lepra y otras que habían diezmado tradicionalmente la población rural. Los desarrollos económicos urbanos atrajeron migraciones hacia las ciudades. Era necesario reestructurar el sistema público de salud para responder a las nuevas realidades demográfica y epidemiológica.
A partir de 1958, con la apertura democrática, hubo intentos de fortalecer esta concepción integralista, de derecho y de responsabilidad pública. Se amplió el campo de interés del MSAS sobre atención integral de la salud de los adultos, las adicciones, enfermedades crónicas no transmisibles y la salud de trabajadores, con lo cual se intentaba adecuar las políticas al nuevo perfil demográfico y epidemiológico. Igualmente se fortaleció el interés del MSAS en la promoción, con un enfoque intersectorial (saneamiento básico, vivienda rural, acueductos, etc.) y se estableció oficialmente que el objetivo de las políticas del estado en salud era aumentar la esperanza de vida al nacer en por lo menos 6 meses por cada año cronológico mediante un esfuerzo intersectorial para mejorar la calidad de vida. Otro hito fue la creación en 1958 de la Escuela de Salud Pública. En 1961, el II Congreso Venezolano de Salud Pública propuso la Medicina Simplificada para ampliar la cobertura de servicios rurales de salud y la necesidad de un Plan de Salud Integral que respondiera a la nueva realidad sanitaria.
Sin embargo, estos intentos, impulsados desde el campo de la salubridad pública integral, no fructificaron plenamente. El contexto nacional e internacional estaba marcado por la conflictividad política, las políticas contrainsurgentes y las ideas desarrollistas conservadoras, en un continente en el que predominaban las dictaduras y los movimientos populares de resistencia e insurgencia. En este contexto, la Constitución aprobada en 1961, si bien recupera el derecho a la salud, limitó la obligación del Estado a la atención de “quienes carezcan de recursos” (art. 76), clásica tesis conservadora en el país, y sentó las bases para la atomización del sistema de salud al asignar competencias descentralizadas a las Municipalidades (art. 36) y otros entes públicos. En este sentido, esta Constitución representó un retroceso de las ideas integralistas y acerca de la responsabilidad del Estado por la salud de toda la población.
En los años 60 se produce una proliferación de organismos públicos en salud y ya en 1962, el Ministro afirmaba en su memoria al Congreso “…la imposibilidad por disposiciones constitucionales de crear el Servicio Nacional Único de Salud, [ya que] una de estas disposiciones establece que los estados o entidades federales deben recibir una proporción determinada del presupuesto nacional, lo que impide utilizar los fondos destinados a salud” Por eso, desde el MSAS se crearon los Servicios Cooperativos de Salud, como un intento de coordinar, bajo su rectoría los recursos y acciones dispersas en entes nacionales, estados y Municipalidades.
Un hecho político relevante en este período, en consonancia con las políticas contrainsurgentes predominantes, fue la subordinación absoluta de la participación social bajo la égida de los partidos firmantes del “Pacto de Punto Fijo”. Toda manifestación de organización y movilización social que no fuera apadrinada por estos partidos, pasó a ser considerada subversiva y reprimida. El movimiento popular se debilitó considerablemente una vez derrotadas las estrategias de lucha armada en los años 60. Mientras, se proyectaba a nivel nacional e internacional la imagen de un país en calma y con instituciones estables que supuestamente canalizaban las inquietudes y necesidades del pueblo.
El deterioro de los recursos disponibles junto al predominio de las ideas liberales conservadoras, impidieron, en la práctica, que el MSAS pudiera responder con un enfoque integral a los cambios demográficos y de la situación de salud, con una población progresivamente y cada vez más urbana y más consciente de sus derechos, en un ambiente de creciente conflictividad social. Los costos crecientes de la atención restaurativa comenzaron a ser percibidos como una carga que afectaba las acciones de promoción y prevención, comenzaron a resurgir las ideas reduccionistas en las políticas de Salud Pública, y fue acumulándose una deuda social en salud cada vez mayor, sobre todo a nivel urbano. El resurgimiento de las concepciones reduccionistas de la Salud Pública, forzado por las ideas liberales conservadoras y desarrollistas dominantes, y por la carencia de recursos para el desarrollo del sistema público, fue liquidando progresivamente, desde mediados de los años 60, la llamada “época de oro de la Salud Pública venezolana” e impidieron que el MSAS respondiera a las nuevas realidades epidemiológicas y sociales del país.
Deterioro y privatización del sistema público
Desde mediados de los años 60 se abandonó la noción de derecho universal y de responsabilidad del Estado. Las decisiones sobre políticas de salud pasaron a estar fuertemente determinadas por la “necesidad” de recuperar costos (es decir transferir los costos de la atención médica a la población) y se introdujeron diversos mecanismos que permitieran al Ministerio desligarse de la responsabilidad de gestionar los establecimientos de atención médica, supuestamente para concentrar su interés en la promoción y prevención. Se estimuló la descentralización de los servicios en múltiples organismos nacionales, estadales y municipales, la reducción del gasto público, el deterioro intensivo de las capacidades del MSAS para conducir y ejercer la rectoría, y se propició el desarrollo de la atención médica privada.
Se abandonó el compromiso público con el derecho a la salud y las poblaciones empobrecidas y cada vez más urbanas fueron abandonadas a su propia suerte. Progresivamente se construyó el predominio del sector privado y la subordinación de lo público a los intereses lucrativos del mercado. A partir de 1966, se oficializa y amplía la política de “recuperación de costos”, es decir el cobro por servicios en los hospitales públicos, argumentándose los elevados costos operativos.
El número de camas de hospitalización del país se redujo entre 1963 y 1976 de 3,46 a 2,92 por mil habitantes. Sin embargo, este descenso se debió a la reducción de las camas públicas, pues en ese mismo período el número de camas privadas por mil habitantes se elevó de 0,43 a 0,48 y desde entonces continuó creciendo. Ya para 1974, el 64,8% de las camas de hospitalización del IVSS eran contratadas.
Entre 1976 y 1980 vivimos un incremento vertiginoso de los ingresos petroleros, y en 1978 en la cumbre mundial de Alma Ata, el país adquiere el compromiso de aplicar la Atención Primaria de la Salud como estrategia para alcanzar Salud Para Todos en el año 2000. Sin embargo, la expresión más destacada de este compromiso fue la instalación de servicios de salud en los llamados “Módulos de Servicios” en algunas zonas marginales urbanas, los cuales ofertaban una reducida capacidad de resolución, un limitado paquete de intervenciones simplificadas y una cobertura poblacional muy reducida y claramente vinculados a estrategias de desmovilización social.
En los años 80 y sobre todo en los 90 se conforma una nueva institucionalidad de la salud en el país, contraria a la salud pública y de corte anti-popular. Ante la debilidad de los movimientos sociales duramente reprimidos, sobre todo con posterioridad al “Caracazo”, estas reformas fueron marcadas por las orientaciones neoliberales del llamado Consenso de Washington e impulsadas con el apoyo financiero y técnico de organismos financieros internacionales. Estas reformas neoliberales reforzaron la liquidación de lo público en salud y su subordinación a lo privado.
En este contexto tan adverso para la salud pública, la Ley del Sistema Nacional de Salud, aprobada en 1987, consagró el proceso descentralizador y reduccionista del papel conductor y de rectoría del MSAS al limitar su papel a impartir “recomendaciones” (art. 5) a los ejecutores identificados como las Gobernaciones y Municipalidades, legalizó el ejercicio privado lucrativo dentro de los establecimientos públicos y propició la participación social instrumental como parte de los esfuerzos por reducir el compromiso del estado con la salud y transferir costos.
Un investigador extranjero, impresionado por la magnitud del deterioro de la vida y la insensibilidad de quienes dominaban la esfera política e intelectual exclamó: “Caracas se ha convertido en una especie de ranchería metropolitana, donde los habitantes de los ranchos en 1987 son el doble de la población total del área metropolitana treinta años antes (…).Prácticamente no se ven escuelas, ambulatorios u otros tipos de servicios sociales en el (…)entramado de ranchos que tapizan las verdes colinas y valles de antaño. A pesar de su omnipresente visibilidad desde todas partes, los caraqueños –tanto los funcionarios públicos como los simples ciudadanos– parece que se han vuelto ciegos ante la importancia del problema y las privaciones impuestas sobre los jóvenes de hoy y las generaciones venideras de venezolanos”.
En este contexto ocurrió la insurrección popular conocida como el “Caracazo” en 1989. La represión y derrota de este movimiento se tradujo en una profundización de las medidas neoliberales y un deterioro aun mayor de las condiciones de vida y salud de las mayorías.
La represión del movimiento popular facilitó establecer en 1989 un conjunto de leyes que conformaron la nueva institucionalidad en salud en el país. Entre ellas la Ley Orgánica de Descentralización y Transferencia de Competencias del Poder Público, la Ley Orgánica del Régimen Municipal y la Ley de Elección y Remoción de Gobernadores de Estado (1989), que fortalecieron la dispersión de órganos públicos con competencia en salud y propiciaron la proliferación de ONG’s con acciones en salud substitutivas de la responsabilidad del estado. Previamente en 1966, 1989 y 1991, se había aprobado modificaciones a la Ley del Seguro Social que posibilitaron la privatización de sus servicios.
Liquidada la salud pública y vencidos quienes opusieron resistencia, en 1998 se aprobó una nueva Ley Orgánica del Sistema Nacional de Salud, de corte totalmente neoliberal. En la misma se consagra la institucionalidad de salud que se había incubado en los años previos. Prácticamente se liquidan las posibilidades del MSAS de ejercer la rectoría del sistema, se consagra la atomización del sistema, la transferencia de las responsabilidades públicas y costos a la población, se fortalece el papel de las ONG’s como intermediarias substitutivas de la responsabilidad del Estado y se propicia la privatización de la atención en salud.
Los aportes al sector salud descendieron progresivamente. Si para 1970 el gasto público en salud era el 2,62% del PIB, para finales de la década de los 80 alcanzaba al 1,63%. Al mismo tiempo, sólo entre 1985 y 1991, la atención médica privada pasó de atender menos del 10% de la demanda al 33% de la misma y continuó su crecimiento. Mientras esto acontecía, se deterioraba progresivamente la calidad de vida en los grandes conglomerados urbanos.
Consecuencias en la salud y calidad de vida
Las consecuencias sobre la situación de salud del abandono de la responsabilidad del Estado en salud y del predominio de las ideas liberales en este período fueron terribles. Sólo entre 1985 y 1991, las consultas médicas públicas generales descendieron 21,1%, las odontológicas 48,2% y las visitas domiciliarias 61,1%. Los casos de malaria ascendieron de 13.311 a más de 20.000 por año, mientras el presupuesto del programa de control de endemias rurales bajó de US$ 70,1 millones a US$ 46,9 millones. El bajo peso al nacer subió de 12% a 16% de los recién nacidos. El gasto per cápita total en salud cayó desde el equivalente a US$ 112 a US$ 33 solo entre 1989 y1993. En ese mismo período cerraron total o parcialmente 55 hospitales públicos, mientras la llamada Agenda Venezuela (VIII Plan de la Nación) planteaba como meta el autofinanciamiento de los hospitales públicos.
Para 1990, para FUNDACREDESA la sumatoria de los estratos relativamente más pobres (IV y V) alcanzaba a 79 % y el 43,5% en pobreza extrema (método de Graffar modificado por Méndez Castellano). Para el año 1993 la Oficina Central de Estadísticas e Informática (OCEI) calculaba la pobreza en 58,2% y la población en situación de pobreza extrema en 24%, Todo ello como consecuencia de una concepción de política social compensatoria, focalizada, donde la población no es sujeta de derechos sociales, sino de dádivas.
El Índice de Desarrollo Humano se estancó e incluso descendió (entre 1992 y 1995, bajó de 0,7747 a 0,7730). La distribución del ingreso se concentró como nunca, llegando el Coeficiente de Gini hasta 0,486. Para 1997 el gasto público en salud representaba el 2,21% del PIB . En 1999, mientras el 20% más rico del país se apropiaba del 51.9% del ingreso, el 20% más pobre apenas alcanzaba al 4,4%. El total de la inversión social apenas alcanzaba en 1996 el 7,6% del PIB. La tasa de desempleo en enero de 1999 era de 16,6% de la población económicamente activa (PEA), el 53% de la PEA ocupada correspondía al sector informal y muchos comerciantes informales ocupaban las calles y espacios públicos urbanos. Entre 1989 y 1995, el Índice General de Precios se había multiplicado por 20, el de alimentos por 40, mientras el ingreso real de las familias se había reducido en promedio 66%. La tasa de mortalidad infantil para 1995 era de 23,7 por mil nacidos vivos. Alrededor de 20 millones de venezolanos estaban excluidos del acceso a atenciones de salud de acuerdo a sus necesidades.
La calidad de vida de los venezolanos se había deteriorado a niveles incompatibles con la dignidad. En procura de revertir esta terrible realidad social insurge en el año 1992, el movimiento revolucionario bolivariano (MBR-200), abriéndose un proceso que reconstituye el movimiento popular venezolano y se inicia la revolución bolivariana liderada por el presidente Hugo Chavez Frias
REFERENCIA BILBLIOGRAFICA
MPPS (2008) MINISTERI DEL PODER POPULAR PARA LE SALUD. BARRIO ADENTRO RUMBO AL SISTEMA PÚBLICO NACIONAL DE SALUD BOLIVARIANO Y SOCIALISTA. PAPEL DE TRABAJ. CARACAS VENEZUELA
Dávila M Dora.- Caracas y la gripe española de 1918. Epidemias y políticas sanitarias. UCAB. Caracas 2000
Castellanos, Pedro L.- Notas sobre el Estado y salud en Venezuela. Cuadernos de la Escuela de Salud Pública Nª 31. Caracas agosto 1980.
Aunque en la Constitución de 1952 fue abolido el derecho constitucional a la salud y se establecieron restricciones a la movilización y participación social, en coherencia con el régimen dictatorial existente.
Castellanos, Pedro L.- Notas sobre el Estado y la Salud en Venezuela. Cuadernos de la Escuela de Salud Pública N° 31. Caracas agosto 1980.
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